Texto y fotos: Laura D' Amico

Una decena de testigos declararon ayer en la segunda audiencia del juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, acusado de incumplir con su deber de funcionario público, por un caso ocurrido en 2017 en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Los testimonios aportados destacaron la manifiesta voluntad de la joven de interrumpir su embarazo, que había sido producto de una violación, y también que el hecho de que la obligaran a parir fue para ella una "doble situación traumática".

La audiencia tuvo una particularidad. La víctima, identificada como R.P, quiso estar presente para escuchar a los testigos. Permaneció sentada junto a los fiscales, Santiago Márquez Gauna y Annabella Camporesi, levemente de espaldas al público. El juez, Álvaro Meynet, pidió expresamente que no le tomen fotografías para preservar su identidad, y advirtió a los periodistas y al resto de los presentes que quien lo hiciera tendrá algún "inconveniente judicial".

Las primeras en declarar fueron algunas de las personas que atendieron a la joven ni bien ingresó al hospital de Cipolletti con un aborto en curso, el 2 de abril de 2017. La licenciada en Psicología Liz Olave, que trabaja en el hospital de Cipolletti y conoció a R.P un día después de su ingresó al establecimiento de salud, aseguró que la joven manifestó que "no quería el embarazo que cursaba, el cual había sido producto de una violación, y que solicitaba ayuda para poder sacárselo".

Dijo que en su discurso "había ideas de auto-agresión, ideas de muerte en caso de que no se pudiera resolver lo que ella estaba solicitando", y que todo eso quedó escrito en la historia cínica de la paciente. Aseguró que "estaba ubicada en tiempo y espacio, sabía dónde estaba, sabía quién era, sabía la decisión que estaba tomando".

Una de las testigos declara en la segunda audiencia.

Luego de que R.P fue obligada a parir, continuó el tratamiento psicológico con la licenciada en Psicología Paula Mariana Salto. Fue a partir de febrero de 2018. En ese entonces, según relató la profesional en la audiencia, la chica "hablaba del sufrimiento que tenía por la doble situación traumática que atravesó”, porque “para ella fue traumático no solo la violación, sino haber tenido que llevar a término ese embarazo que no deseó". Más tarde, agregó que decía frases como "esto arruinó mi vida".

"Su estado fue de permanente angustia"

La jefa del Servicio Social e integrante del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del hospital de Cipolletti, Analía Calvo, declaró que acompañó a R.P durante todo el tiempo en que permaneció internada, desde el 2 de abril en que ingresó al hospital, hasta que fue obligada a parir, más de dos meses después. "Yo estaba a disposición de sus requerimientos las 24 horas", precisó la trabajadora social.

Manifestó que la joven le escribía cartas en las que le contaba cómo se sentía: "Hablaban de su angustia, de que se le hacía insoportable pasar todo ese tiempo, que sentía que le habían mentido, que en algún momento sintió que se iba a poder hacer (la Interrupción Legal del Embarazo, ILE) y no se hizo", dijo en su declaración.

"Su requerimiento era interrumpir el embarazo. Todo el tiempo decía 'ayudáme, yo no quiero tener esto', y desde un primer momento ella dijo que había sido producto de una violación", contó la profesional. Precisó que “ella ingresa por el deseo de interrumpir su embarazo", y aseguró que "el servicio entero" de Ginecología sabía de este requerimiento.

También señaló que "su estado fue de permanente angustia durante la internación. Había períodos en que no quería comer, le costaba hablar, y todo el tiempo estaba diciéndome 'no quiero tener esto, ayúdeme a sacarme esto", manifestó la jefa del Servicio Social del hospital.

Cuando la fiscal le preguntó qué hizo para atender a ese pedido, explicó que "las medidas fueron siempre de reclamo ante todas las personas que correspondían para realizar la ILE, porque creo que es un derecho que ella tenía". Luego afirmó que "siempre se planteó que se le estaba negando un derecho. Se hizo todo como corresponde, como se debe plantear dentro de la institución para que le den una respuesta, pero la respuesta nunca estuvo. Siempre se planteó el tema de las semanas de gestación y cuánto más se demoraba más tiempo pasaba", declaró Calvo.

Segundo de izq. a der. imputado Rodríguez Lastra.

"Maniobras abortivas en forma clandestina"

Marta Álvarez fue la auxiliar de enfermería que recibió a R.P en la guardia, aquel 2 de abril de 2017. Dijo que la chica llegó muy angustiada, con un estado febril y con contracciones producto de la aplicación de pastillas de Misoprostol para interrumpir el embarazo que cursaba producto de una violación.

La enfermera contó que, bajo las indicaciones de Rodríguez Lastra -que era el médico que estaba de guardia en el servicio de Ginecología-, entre las prácticas que se le realizaron a la paciente, se le colocó un supositorio de Indometasina. Según explicó, un efecto de esta droga es que, "en el caso de que una mujer esté embarazada, puede llegar a contrarrestar las contracciones".

Álvarez aseguró que la joven, que llegó al hospital por una derivación, "venía con una nota desde (el hospital de) Fernández Oro donde decía que la paciente había realizado maniobras abortivas en forma clandestina". Esta afirmación da cuenta de que Rodríguez Lastra conocía la intención de la chica de interrumpir su embarazo desde el momento en que ingresó al hospital. No obstante, ell médico prescribió la aplicación de una droga para interrumpir el aborto en curso. Ahora, el juez deberá determinar si con esa acción el médico obstruyó el derecho de la mujer a practicarse una ILE.

Una voz del ministerio de Salud

Otra de las testigos que brindó su testimonio fue la abogada Silvana Pesado, quien al momento de los hechos se desempeñaba como subsecretaria de Asuntos Legales del ministerio de Salud de Río Negro.

Pesado, que viajó exclusivamente desde Viedma para declarar, dijo que tomaron conocimiento del caso a través de una médica del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Cipolletti, porque requerían una autorización del ministerio para poder hacer la práctica. El motivo era "el avanzado estado de gestación" que presentaba la paciente. El debate giró en torno a si se podía autorizar a hacer la práctica o si se trataba de un parto prematuro.

Según explicó la abogada en la audiencia judicial, “el fallo F.A.L de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) no tiene ninguna limitación temporal, no teníamos antecedentes en la provincia, y yo no encontré ninguna norma jurídica que defina qué era aborto". Y agregó que "la solución no estaba dada por lo jurídico, sino por lo médico", aseguró Pesado.

Convocada por la defensa, declaró la perito Varinia Alejandra Frau Alveal. También lo hizo el jefe del servicio de Ginecología del Hospital de General Roca, Alejandro Gomel, quien es el único integrante de dicho servicio que no es objetor de conciencia.

Afuera del edificio del Poder Judicial en Cipolletti, sobre la calle España, grupos que defienden el aborto clandestino colgaron pañuelos celestes y carteles, y mantuvieron encendidas desde el día anterior las velas del santuario que improvisaron en la entrada, donde colocaron una biblia y una cruz.

Llegando a la esquina, mujeres que defienden la legalización del aborto -entre quienes se encontraba quien fuera recientemente la primera candidata trans a diputada provincial de Río Negro, Ornella Infante-, colocaron sus pañuelos verdes y entonaban canciones en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y de la separación entre el Estado y la iglesia.