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La legisladora nacional rionegrina Lorena Matzen, junto a su par Martín Lousteau presentaron un proyecto para que se estaticen los Registros del Automotor, hoy en manos privadas. El objetivo es que la recaudación vaya a las arcas del Estado nacional.
En los fundamentos se advierte que “la registración de automotores es uno de los servicios públicos que desde más larga data ha sido tercerizado por el Estado, lo cual, difiere curiosamente del vasto universo de registros de que dispone el Estado Nacional”.
Los diputados resaltan que la “actividad de registración es eminentemente pública y debe siempre ser llevada a cabo en dependencias administrativas estatales por empleados públicos y bajo la conducción de autoridades de carrera y/o políticas”.
Los Registros regulan todo lo concerniente a la inscripción de la propiedad de los automotores, sus trámites posteriores y a los créditos prendarios. El primero fue creado en el año 1958 bajo el Decreto Ley 6582, que luego tuvo varias modificaciones, hasta marzo de 1988 cuando durante el gobierno de Carlos Menem adquirieron carácter privado.
Ahora, los diputados quieren que la función que actualmente desempeñan los encargados titulares de registros sea ejercida por un funcionario público, que formará parte de la Administración Pública Nacional. Ese cargo se cubrirá por medio de concursos de oposición y antecedentes y, además, se prevé que la administración Pública Nacional evaluará absorber prioritariamente al personal que actualmente se desempeña en los registros seccionales.
En la iniciativa se aclara que los “recursos con los que actualmente se financia la actividad que perciben los actuales Encargados de Registro serán percibidos por el Estado Nacional a partir de la fecha de transferencia efectiva del servicio”.
Además, se establece que “los trámites deberán abonar el arancel que fije el gobierno nacional mediante montos fijos en moneda nacional, pudiendo únicamente diferenciarse los valores entre automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial o industrial”.
Otro artículo de la iniciativa plantea que “la tasa del impuesto será del 1% sobre el valor que arroje la operación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) queda facultada para establecer agentes de retención o percepción que estime necesarios a efectos de asegurar la recaudación del gravamen”.
Luego, agrega que la “actividad tercerizada genera un margen de rentabilidad importante, que opera como la principal fuente de motivación en la decisión de los particulares para asumir esta función”.
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