"Es un logro pero vamos a seguir hasta que haya justicia", dijo el abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lef Nahuel, al conocer la citación a indagatoria a la Presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y quien era el jefe de su gabinete, Pedro Nocetti, por haber ordenado la irrupción de Gendarmería Nacional sin orden judicial, en el territorio de la comunidad Campo Maripe, en junio de 2017.

Resaltó que es la primera vez que ante una denuncia de una comunidad citan a funcionarios nacionales y "en particular a Patricia Bullrich, pese a que ha cometido actos gravísimos como dirigir el operativo de Gendarmería donde desapareció Santiago Maldonado y el operativo de Prefectura donde murió Rafael Nahuel".

"Nosotros creemos que tiene que ir a la cárcel", sostuvo Nahuel, y explicó que "es importante que haya justicia para que estos hechos no ocurran más. Ese es el objetivo principal y no solamente hacer pagar penalmente a una persona".

En los otros casos mencionados, los procesos judiciales contra Bullrich y Nocetti "quedaron estancados o no llegaron a buen puerto por el blindaje judicial que hay sobre este tipo de gente tan nefasta que hasta el día de hoy continúa promoviendo la violencia racial como si fuera la solución al conflicto que hay con los pueblos originarios, generados por la no aplicación de los gobiernos de toda la normativa que sostiene los derechos", sostuvo.

"Destacamos este logro que se llame a indagatoria y continuamos siguiendo este tema para que prontamente se ordene la elevación a juicio", dijo Nahuel, que es werken del Lof Newen Mapu.

Bullrich fue citada por el Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, para el 21 de diciembre próximo a las 10, vía Skype, un día después de Nocetti.

Además, el juez citó a indagatoria a cuatro miembros de la fuerza que deberán presentarse entre el 13 y el 17 de diciembre. Ellos son Carlos San Emeterio, Luis Lagger, Jorge Mariani y Dante Zabala, acusados por los delitos abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En 2017, las fuerzas comandadas por Bullrich y Nocetti irrumpieron dentro del territorio comunitario generando una situación de represión, sin tener una orden judicial. Por esto, se la acusa de los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad, incumplimiento del deber de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, amenazas y daños.

Según Nahuel, "en esas 24 horas que ellos tuvieron tomada la comunidad, cercado el lugar, sin permitir que nadie entre y salga, fue para que YPF ingrese a hacer fracking adentro del territorio".

Nahuel destacó que "al día de hoy, Bullrich continúa promoviendo la violencia racial contra el pueblo mapuche" y sobre Pablo Nocetti señaló que "actúa desde las sombras pero es un ser nefasto en la historia del país porque es, entre otros, quien ideó y dio forma al aparato represivo que puso en marcha (Jorge) Sobisch que terminó con la muerte de Carlos Fuentealba".

"Lamentable postura" del gobierno provincial

"La postura del gobierno provincial en ese momento fue la lamentable postura que tiene en casi todos los territorios comunitarios, que es crear inseguridad jurídica a las comunidades mapuches a partir de no aplicar las leyes que están vigentes y de esta manera beneficiar el extractivisimo, beneficiar a los terratenientes, a los grandes proyectos inmobiliarios a costa de la violación permanente de los derechos del pueblo mapuche", dijo Nahuel, rememorando lo ocurrido en Vaca Muerta cuatro años atrás.

Destacó que la no aplicación de las leyes "es, justamente, el origen de todos los conflictos territoriales" y agregó que "por eso, cuando se consulta de qué manera se resuelve este conflicto, que es de raigambre histórica, fundamentalmente es aplicando todas estas leyes que hoy están vigentes y el gobierno no aplica; entre ellas, la ley 26.160, que todavía se está esperando que se ponga en marcha el relevamiento".

Nahuel agregó que la doctrina de persecución contra el pueblo mapuche que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri cambió con la llegada de la gestión de Alberto Fernández, pero indicó que sigue habiendo un problema de fondo, porque "en cuanto a la aplicación de derechos hay todavía una deuda pendiente", y no solo se refirió a la ley 26.160, prorrogada por decreto.

Recordó que este año Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el fallo conocido como Lhaka Honhat, donde además de ordenar realizar el relevamiento territorial, ordena la aplicación del derecho a la consulta, exige al Estado que adopte medidas que garanticen el derecho a la alimentación, el acceso al agua potable, a un ambiente sano y a la identidad cultural.

"Acá en la región, ninguna de las comunidades tiene acceso al agua potable y las petroleras usan millones de litros de agua todos los días", indicó. Agregó que "así como el extractivismo viene siendo una política de Estado, porque los sucesivos gobiernos lo sostienen, así debería ser con los derechos de los pueblos originarios y no estar viendo qué situación nos va a tocar según el color político. Pero sin dudas el peor gobierno que ha habido para los pueblos originarios y particularmente para el pueblo mapuche fue el de Macri".