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Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán “las mujeres y las niñas que han sufrido violencia no tienen adonde recurrir” porque los sistemas de asistencia a las víctimas “han sido diezmados”, y además “muchas sobrevivientes” de ataques machistas así como profesionales y trabajadores de servicios de ayuda “corren peligro de violencia o muerte”. Asimismo, el régimen “ha excarcelado a presos, muchos de ellos condenados” por delitos violentos contra mujeres.
La descripción de la situación en el país asiático, donde el mencionado sector extremista del islamismo recuperó el control del gobierno en agosto de este año, fue realizado por Amnistía Internacional (AI) tras una investigación que incluyó entrevistas a seis mujeres sobrevivientes, otras 20 personas relacionadas con los servicios de protección, y asimismo a 18 activistas locales, periodistas, representantes de ONG (organizaciones no gubernamentales) y la ONU, y otras personas expertas en violencia de género.
Según informó la reconocida organización, “antes de la toma del poder por los talibanes, muchas mujeres y niñas” agredidas por varones “habían accedido a una red nacional de albergues y servicios gratuitos, entre ellos representación jurídica, tratamiento médico y apoyo psicosocial”. El dispositivo de auxilios incluía dependencias especializadas del ministerio de Asuntos de la Mujer, así como “casas de albergue, hospitales y comisarías de policía”.
La entidad aclaró que “el sistema distaba de ser perfecto”, pero de todos modos “atendía a miles de mujeres” al año en un país “donde nueve de cada diez mujeres sufren al menos alguna forma de violencia de género en la pareja a lo largo de su vida, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (Unama”.
En los testimonios de “personas proveedoras de servicios (de asistencia a las víctimas)” se pudo precisar que “los casos más comunes de violencia de género implicaban palizas, violación, otras formas de violencia física y sexual y matrimonio forzado. Las sobrevivientes requerían atención médica urgente”.
“Cuando los talibanes tomaron el control” gubernamental, según comprobó Amnistía Internacional, “desmantelaron los servicios de protección. Cerraron los albergues, y saquearon y ocuparon muchos de ellos. En algunos casos, hostigaron o amenazaron al personal”.
“Al cerrar los albergues, el personal se vio obligado a enviar a muchas mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género de regreso con sus familias; a otras sobrevivientes se las llevaron a la fuerza sus familiares. Algunas sobrevivientes se vieron obligadas a vivir con algún miembro del personal del albergue, en la calle y en otras situaciones insostenibles”, precisó la entidad que realizó la investigación.
El relevamiento de la situación actual tomó como base las 26 entrevistas realizadas “a sobrevivientes y personas que trabajaban en servicios de protección” en las provincias de Badghis, Bamiyan, Daikundi, Herat, Kabul, Kunduz, Nangarhar, Paktika, Sar-e Pul y Takhar, así como a 18 activistas, periodistas, representantes de ONGs y Naciones Unidas, y otras personas expertas en el tema. AI destacó que “para proteger la identidad de las y los protagonistas” se han utilizado “nombres ficticios”.
Víctimas y perpetradores
Una síntesis de los testimonios recogidos revela diversas historias personales. Por ejemplo, “Zeenat (nombre de fantasía “recibía palizas regulares de su esposo y su hermano hasta que se refugió en un albergue. Cuando llegaron los talibanes, huyó junto a varias mujeres más. Ahora están escondidas. Nos dijo: ‘Vinimos sólo con lo puesto. No tenemos con qué calentarnos y nos vamos a dormir con hambre (…) Mi hermano es mi enemigo, y mi esposo es mi enemigo. Si nos ven a mí y a mis hijos nos matarán (…) Estoy segura de que me están buscando porque saben que el albergue ha cerrado’”.
En otro caso, “la directora de un albergue, que actualmente está escondida junto a algunas de las sobrevivientes de su centro, contó a Amnistía Internacional: ‘No tenemos un lugar adecuado. No podemos salir. Tenemos muchísimo miedo (…) Por favor, sáquennos de aquí. De lo contrario, tengan por seguro que nos matarán’”.
El informe de AI señala que “los talibanes también pusieron en libertad sistemáticamente a reclusos, muchos de ellos condenados por delitos de violencia de género. Según declaraciones de testigos y otras personas con conocimiento de primera mano, así como noticias fidedignas de medios de comunicación de medios de comunicación, los responsables de la excarcelación eran los talibanes”.
“Un profesional del derecho especializado en violencia de género dijo que había intervenido en la sentencia condenatoria de más de 3.000 perpetradores de violencia de género el año anterior a la toma del poder por los talibanes”. AI reveló que en la entrevista para esta investigación, dijo: “(Los talibanes) excarcelaron a presos allá donde fueron (…) ¿Se lo imaginan? Dejaron en libertad a más de 3.000 en todas las provincias de Afganistán en el plazo de un mes”.
Por otra parte, “Amnistía Internacional también recibió informes fidedignos de que los talibanes habían transferido a sobrevivientes al sistema penitenciario, incluida la prisión de Pul-e-Charkhi, en las proximidades de Kabul”, señala el informe.
Peligros “mucho mayores” a los de antes
El trabajo de la organización internacional consigna que “muchas personas que trabajan en el sistema de servicios de protección dijeron que, pese a que antes de la toma del país por los talibanes hacían frente a riesgos importantes, ahora su vida corría un peligro mucho mayor y necesitaban protección de forma acuciante”.
Por ejemplo, “una proveedora de servicios radicada en Badghis nos dijo: ‘Ahora todas las mujeres que trabajaban en esto (el sistema de apoyo) necesitan refugio (…) Vivimos muertas de la ansiedad y el miedo’”. En tanto, “una proveedora de servicios radicada en Nangargar” aseguró: “‘Recibo amenazas de los talibanes, el Estado Islámico, los perpetradores y los familiares (…) todos los días’”.
“Otra proveedora de servicios radicada en Bamiyan” expresó en su testimonio: “‘Recibía tres llamadas al día de hombres que habían escapado de la prisión. Cuando además recibí una llamada de los talibanes, cambié de número de teléfono’”.
La entidad que relevó los testimonios destacó que “estas mujeres estaban devastadas ante el desmoronamiento del sistema que tanto esfuerzo les había costado construir. Una ex magistrada explicó a Amnistía Internacional: ‘Trabajé durante 20 años para construir esto desde cero, presionando, corriendo de un despacho a otro para convencer a todo el mundo de que necesitábamos un marco para proteger a las mujeres (...) Hace falta mucha valentía, mucho sacrificio y mucha energía para poner en pie algo así partiendo de cero. Y ahora regresamos de nuevo a cero’”.
“Tutor varón”
El informe de AI explica luego que “desde que los talibanes tomaron el país, las mujeres y las niñas que han sufrido violencia no tienen adonde recurrir. Un fiscal especializado en casos relacionados con la violencia de género explicó: ‘En el pasado las mujeres podían acudir al Ministerio de Asuntos de la Mujer. Podían ir solas y denunciar su caso. Pero ahora que no se les permite ir a ningún sitio sin un mahram (tutor varón) lo tendrán muy difícil para denunciar’”.
A una víctima, cuyo nombre de fantasía es Fariha, “la golpeaban regularmente su esposo y los familiares de éste. Nos dijo: ‘(Mi esposo) agarraba lo primero que encontraba y me golpeaba (...) Cuando me pegaba, su familia se juntaba para mirar (...) Sucedía casi a diario (…) La primera vez me pegó con un alambre (...) Me hizo hematomas en todo el cuerpo. Me dejó las manos y las uñas llenas de rasguños. Enteras. Después me pegaba sólo por debajo de la cintura. Me decía que me iba a pegar en esos sitios (los genitales y las nalgas) que no se veían’”.
“Fariha estaba embarazada de nueve meses cuando habló con Amnistía Internacional y buscaba desesperadamente un lugar seguro para vivir. Añadió: ‘Antes había un refugio, e iba allí. Solicité que me admitieran, pero me dijeron que había cerrado y no aceptaban casos nuevos (...) No me queda ninguna opción’”.
Otro caso revelador es el de Adilia, a quien “obligaron a casarse con un hombre de 80 años cuando ella tenía siete. Nos dijo: ‘Pasé un año viviendo con él, durante ese tiempo me pegó todos y cada uno de los días mientras me decía que por qué no me quedaba embarazada’”.
El informe cuenta que “Adilia huyó, pero volvieron a casarla. Su segundo marido y los familiares de éste la sometían a palizas y otras formas de violencia y abusos de forma habitual. Cuando habló con Amnistía Internacional, hacía poco que la habían trasferido a uno de los pocos refugios que aún continuaban abiertos en Afganistán”.
Entrevistada para la investigación, afirmó que “‘estamos muy asustadas (…) ¿Durante cuánto tiempo vamos a poder estar aquí? Los talibanes vinieron al refugio a las doce y a la una, y luego más veces durante el día. Les dijimos que este era un lugar seguro para nosotras, pero no nos creyeron (...) Ya no estamos seguras en ningún sitio’”, dijo la mujer afgana, según el informe de Amnistía Internacional.
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