Todavía me acuerdo del desconcierto que sentí la primera vez que cobré el sueldo durante mi licencia por maternidad. Fui a la sucursal del correo que estaba a la vuelta de mi casa. Mi bebé en el fular, la espalda hecha un bollo, frío de junio. No dormía más de dos horas de corrido. Las tetas me dolían, estaba desencajada. Una identidad desencajada que con el tiempo se acomodó. Me dieron la plata. Había bastante más de lo que solía cobrar. Pregunté pero no sabían. Llamé a Recursos Humanos. “Es un salario no remunerativo, se te descuentan los aportes a la obra social y a la jubilación; por eso, neto cobrás más”. Durante tres meses, y seis si decidía tomar la excedencia, no iba a aportar a la jubilación ni a la obra social. Eso también se iba a descontar del aguinaldo. Así de simple, sin vueltas. Fenómeno. Un golpazo de realidad que a fuerza de lecturas y conversaciones con compañeras, le iba a ir poniendo teoría, conceptos, y un marco histórico que me dejara entender.

María Ángeles Durán, socióloga e investigadora española, creó una palabra. Cuidatoriado. En un maridaje perfecto entre proletariado y campesinado, el cuidatoriado viene a expresar y a nominar, a comprender al colectivo de personas que cuidan, en tanto agente social con identidad propia, capaz de protagonizar una lucha por el derecho a cuidar (o a no hacerlo), y a recibir cuidados. “La distancia precisa entre quien provee cuidados y el cuidatoriado está en el interrogante acerca de si cuidamos por el vínculo afectivo que nos une con la persona cuidada, o porque estructuralmente hace falta alguien que cuide. En esa distancia, emerge el cuidatoriado”, nos dice Durán. El cuidatoriado permite hacer referencia desde una dimensión sociológica, política y económica, al conjunto de la población que ejerce cuidados. En ese sentido, y siguiendo su análisis, el cuidado es un trabajo, y es llevado adelante por quienes no poseen los medios de producción. Además es un trabajo subordinado, precarizado, carente de protección social, y cuya riqueza es invisibilizada. Es mayoritariamente no remunerado o mal pago, desvalorizado socialmente, y llevado adelante por mujeres.

Esas mismas mujeres recibieron hace unos pocos días por parte del Estado una suerte de reparación por esa obligación ética y social que se les impuso, de llevar la carga de los cuidados. Se trata de una medida del gobierno nacional que permite contabilizar años de cuidado como años de servicio para el aporte jubilatorio. Una medida reparatoria en el sentido de la dignidad que implica el reconocimiento de ese cuidado como un trabajo, además del reconocimiento del sesgo de género que tiene. Lo que no se nombra no existe, y podríamos decir que lo que no se visibiliza tampoco. El cuidado hoy está en el centro de la agenda pública. El piso que alcanzamos con la legalización del derecho al aborto habilitó esa discusión. También hizo lo suyo la pandemia, que vino a evidenciar una serie de vulnerabilidades preexistentes, a ponerlas sobre la mesa, a la vista de todxs. La organización social del cuidado ya era injusta y desigual en la antigua normalidad, pero la crisis sanitaria la intensificó, en parte también porque delegó el cuidado casi exclusivamente en las familias, en los hogares, y dentro de ellos, en las mujeres. Las medidas de resolución que tomaron los gobiernos, el aislamiento y las distintas formas de restricciones, quedaron garantizadas gracias a la sobrecarga física y mental de mujeres y diversidades. Ese trabajo que quedó al descubierto y que hoy sabemos que representa la actividad económica que más aporta al PBI de nuestro país, fue reconocido y valorado monetariamente en este Decreto que modifica la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y que va a permitir de inmediato a 155 mil mujeres, y 30 mil el próximo año, computar años por cuidado para alcanzar el mínimo de servicios necesarios.

Se calcula que alrededor del 44% de las mujeres en edad de jubilarse no pueden hacerlo por las brechas de inserción laboral y por haberse dedicado a cuidar a sus hijxs. La decisión constituye un verdadero acto de justicia social que impacta en las vidas concretas de personas que fueron en cierta forma penalizadas por su maternidad. También impacta en un plano simbólico. Repara en el sentido de que da un coletazo a la base misma de la desigualdad entre los géneros. Y sí, Raúl, lo venimos diciendo: eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Puede ser con amor, o sin amor, pero existe un valor económico detrás que es insoslayable y que esta gestión, en la mejor tradición de los gobiernos nacionales y populares, identifica, y decide ampliar derechos, aún en las coyunturas más adversas. No es simplemente un acto de bondad o altruismo, es escuchar las demandas de los feminismos, hacerlas carne y generar transformaciones estructurales. Es comprender que poner a los cuidados en el centro de la agenda pública necesariamente trae aparejados beneficios que nos hacen crecer como sociedad y como país.

No se trata solo de una agenda de género, sino también de una agenda económica. La inversión en cuidados eleva los niveles de empleo, y mejora la calidad de vida de las personas. El mundo está envejeciendo raudamente. La esperanza de vida crece tres meses cada año. Tres meses. ¿Quién va a cuidar en el futuro? Los cuidados no se pueden mecanizar ni industrializar, se producen in situ. Los acuerdos anteriores de cuidado al interior de las familias basados en la división sexual del trabajo empiezan a caerse, las mujeres se identifican cada vez más con proyectos emancipatorios y se involucran en la lucha por la adquisición de nuevos derechos, las dobles y triples jornadas se vuelven insostenibles: la organización social actual del cuidado no va a resistir los cambios y las transformaciones que empujan desde abajo. El reconocimiento del cuidado como un trabajo y la redistribución entre los géneros, pero también entre el Estado, el mercado y la comunidad, es un tema acuciante, que requiere toda la atención, porque ahí se esconde una crisis que ya está en marcha.

En este sentido, el cuidatoriado está atravesado por demandas sociales y problemáticas estructurales que exigen un sistema económico que ponga a la sostenibilidad de la vida y a las necesidades de cuidado en el centro de la escena. Para construir vidas dignas de ser vividas, el foco no puede seguir estando en el mercado. El cuidado y el bienestar no pueden seguir dependiendo de la densidad de las redes familiares y de la disponibilidad de mujeres dentro de esas familias, del entramado comunitario con quien cada cual cuente, o del poder adquisitivo que un individuo tenga para pagar por servicios de cuidado en el mercado. El cuidado es una responsabilidad social y colectiva, y es ahí donde el Estado tiene un rol primordial de torcer los equilibrios para volverlos más justos. La politóloga estadounidense Joan Tronto habla de caring democracy, democracia del cuidado. El cuidado es una idea política y debe ser pensado en esos términos. Margaret Thatcher una vez dijo que no hay algo así como una sociedad más allá del nivel de las familias. Si no existe lo colectivo, si la medida es la familia, el cuidado es un asunto privado también, sálvese quien pueda, cómo pueda, el súmmum del neoliberalismo. La democracia del cuidado se involucra a través de revertir la pobreza de tiempo, de otorgar los recursos y con la voluntad colectiva de entender al cuidado como un compromiso con la democracia.

El Programa integral de reconocimiento por periodos de servicio por tareas de cuidado, anunciado por ANSES, refuerza el principio de solidaridad, y de la Seguridad Social como un derecho humano fundamental. Al reconocimiento por cada hijx, se le suman por adopción, por hijxs con discapacidad, con AUH, y los períodos de licencias y excedencias por maternidad. Perspectiva de género, interseccionalidad, y enfoque de derechos. El derecho a recibir cuidados y a cuidar. Un diálogo de derechos que garantiza el cuidado más allá o más acá de lo individual y particular. Un combo perfecto para avanzar. Siempre falta, claro que sí, pero tenemos acá un puntapié fundamental para lograr construir la garantía de ese derecho primario que es el cuidado. Un derecho estructural y estructurante de vidas sostenibles, libres e iguales. El 22 de julio fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico, declarado en 1983 por el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe con el objetivo de contribuir al reconocimiento del trabajo que las mujeres realizan en sus hogares. Es una oportunidad para seguir insistiendo con que el mundo se mueve gracias a quienes cuidan, y que lejos de romantizar eso, es hora de darle el valor social y económico que tiene, y romper en pedazos las brechas que ello supone. El puente entre esa desigualdad y tantas otras más visibles y menos solapadas está ahí, y de a poco se empieza a vislumbrar.