El 8 de febrero de este año, Matías Ezequiel Martínez asesinó a Úrsula Bahillo. La joven había hecho múltiples denuncias contra su agresor que fueron desestimadas, desoídas, minimizadas por la policía y los organismos del estado locales.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se cumplió un mes de su femicidio.

Las mujeres denunciamos, recurrimos a la Justicia; reclamamos, pedimos, exigimos protección pero somos ninguneadas, vulneradas por las fuerzas de (in)seguridad y los organismos estatales que parecen ignorar nuestros reclamos y denuncias y seguir protegiendo y encubriendo a los hijos sanos del patriarcado. Porque, más allá de la detención de Martínez, ¿qué otro funcionario asumió la responsabilidad ante la falta de atención a las denuncias de Úrsula?

Úrsula Bahillo y su ex pareja, acusado de haberla asesinado: el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez.

En estos días, por varias razones, advertimos un fuerte cuestionamiento del sistema judicial argentino, desde sus máximas autoridades.

También la sociedad lo está planteando y el caso del femicidio de Úrsula pone en evidencia esta necesidad.

En octubre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se negó a cumplir con la capacitación de la Ley Micaela, una disposición que establece una formación en cuestiones de género obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias estatales. Una ley que se dictó a partir del femicidio de Micaela García, quien también había realizado denuncias contra el hombre que sería su asesino. Otra muerte que podría haberse evitado.

La respuesta de los miembros del máximo tribunal judicial fue que ellos se “autocapacitarían” en el modo y tiempo en que lo consideraran necesario.

Hace unos días, el padre de Micaela manifestó en su página de Facebook: “¿Qué clase de poder es aquel que, en democracia, no dialoga con ningún mecanismo democrático?”

Sumamos nuestras preguntas: ¿Qué clase de sistema judicial es aquel que desoye, ignora, desestima y se maneja por fuera de lo que ese propio poder debe hacer cumplir? ¿Con qué tipo de discrecionalidad actúa? ¿Qué grado de hermetismo adopta? ¿A quién ampara y quiénes debería proteger?

Las mujeres estamos pidiendo por nuestras vidas. Que paren de matarnos. Que se castigue a los responsables. Somos ciudadanas de segunda, nuestras denuncias no importan, se cajonean, se postergan. Mientras tanto, nos matan.

Urge una real modificación del sistema que dice protegernos y nos condena a muerte.