La pandemia del coronavirus resaltó muchas desigualdades. Una de ellas es la referida a la distribución de las tareas de cuidado, ya que la mitad de las mujeres de más de 18 años manifestó haber tenido una sobrecarga mayor en los quehaceres del hogar durante el aislamiento. En ese camino, desde el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades avanzan con la redacción de un anteproyecto de ley para romper con esta situación naturalizada: “De eso se encargan las mujeres”. Este lunes hubo una reunión clave con funcionarios, diputados, sindicalistas para “cerrar la brecha en los cuidados” con un Estado presente, “haciendo que lo que hoy parece una responsabilidad individual de las mujeres sea una responsabilidad social y de todas las identidades”.

El encuentro fue convocado por el Ministerio de Trabajo y sirvió para abordar esta problemática, que será una de las grandes batallas por la igualdad de este 2021. Se trata de una situación urgente ya que, según datos de Unicef, durante la pandemia el 48% de las mujeres de más de 18 años expresó que en el aislamiento social tuvo una mayor sobrecarga de las tareas del hogar, ya sea el cuidado de los hijos e hijas (29%), limpieza de la casa (28%), ayuda con las tareas escolares (23%), preparación de la comida (14%), entre otras. “Frente al aumento de las demandas de cuidado y domésticas, siguen siendo las mujeres quienes absorben principalmente la carga adicional”, dijo el organismo.

Avanzar en una distribución más igualitaria es uno de los grandes objetivos del Gobierno. Para eso, se reunieron Claudio Moroni, titular de la cartera laboral; Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Valeria Esquivel, especialista en Género y Políticas de Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Hugo Yasky, secretario General de la CTA de los Trabajadores; Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma; Mónica Consomi, de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), en representación de la CGT, así como también de Vanesa Siley, titular de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

En el encuentro, Gómez Alcorta explicó que “el Ministerio tomó los cuidados porque son el nudo estructural de las problemáticas vinculadas a la desigualdad de género, incidiendo en la brecha salarial, en la feminización de la pobreza, así como en la perpetuación de la violencia” y agregó: “No se nos ocurre otra forma de cerrar la brecha en los cuidados más que con un Estado presente, haciendo que lo que hoy parece una responsabilidad individual de las mujeres sea una responsabilidad social y de todas las identidades”.

En esa línea, Moroni aseguró que las políticas de cuidado son “un fenómeno complejo que necesariamente tendrá que tener enfoques distintos, hay sectores que deberán ser asistidos y otros en los que habrá que profundizar la profesionalización” y añadió que “el trabajo de cuidado es un trabajo profesional que deberemos formalizar cada vez más”.

Según datos oficiales del Gobierno nacional, en nuestro país nueve de cada 10 mujeres realizan estas tareas que significan en promedio 6,4 horas diarias, tres veces más tiempo que los varones. Un análisis para nada menor indica que, en palabras del informe, “las condiciones del trabajo remunerado están estrechamente ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas”. O sea, las tareas de cuidado inciden directamente en el desempeño y desarrollo profesional fuera del hogar. En términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la feminización de la responsabilidad en todas estas tareas representa un “costo” en términos de tiempo y oportunidad para las mujeres que se encuentran limitadas en el acceso al mercado de trabajo, estudios y espacios de descanso/ocio”.

Cuidadoras domiciliarias

Otro de los desafíos. El trabajo de los cuidados domiciliarios es realizado, en su enorme mayoría, por mujeres, e históricamente es uno de los más precarizados e informales, explicó Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos, en diálogo con El Destape. “Esa precarización laboral, que implica que no tengan un marco legal, una regulación, una protección y todos los derechos que habilita el trabajo formal y la seguridad social, hace que las cuidadoras domiciliarias se encuentren en una situación muy compleja. Regular este trabajo significa fortalecer a las cuidadoras, poner en valor el trabajo que hacen y que muchas veces es invisibilizado, y generar reconocimiento e inclusión tanto social como laboral”, dijo la legisladora.

Este análisis no es solo de Mónica Macha o de los feminismos argentinos, sino que es un debate mundial. La Organización Internacional del Trabajo también avanzó en este sentido. En 2017, las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres instaron a que el trabajo de cuidados remunerado sea “decente, con unos salarios adecuados, que contemple la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, unas condiciones de trabajo decentes, la formalización, la cobertura de seguridad social, las normas de seguridad y salud en el trabajo, el autocuidado, la formación profesional y la profesionalización, y la libertad sindical”. Porque “el sector del cuidado de personas fue históricamente rezagado en sus condiciones de trabajo y remuneración” y “ha sido una ocupación desvalorizada económica y socialmente, afectando sobre todo a las mujeres trabajadoras, quienes han ocupado este sector mayoritariamente”.

Macha reflexionó que “la agenda de cuidados es prioritaria. La pandemia puso en evidencia el rol de las tareas de cuidado, su importancia y su peso en nuestra vida cotidiana, y como no podía ser de otra manera también demostró la fragilidad laboral en la que se encuentran la cuidadoras. Es un punto central de la agenda del transfeminismo y ya hemos visto que nuestra agenda puede construir consensos transversales orientados por la ampliación de derechos”.

En este caso, el proyecto de ley que se encuentra en Diputados busca regular a los y las cuidadoras domiciliarias que prestan el servicio de atención y asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas con discapacidad, patologías crónicas, transitorias, o terminales, enfermedades invalidantes, o adultas mayores en situación de dependencia. Para hacerlo, explica el texto, las personas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Cuidadores domiciliarios y cumplir con ciertos requisitos: ser mayor de dieciocho años; no tener inhabilidad penal o civil; poseer título o certificado de capacitación específica otorgado por entidad oficial habilitada para tal fin y/o por institución terciaria o universitaria, pública o privada, reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación; aptitudes psicofísicas para la tarea acreditadas mediante certificado médico oficial.

“En este punto quisimos ser lo más abiertos posibles y que esto no se vuelva en contra de las cuidadoras. Por eso pusimos distintas opciones, porque hay personas que ya hicieron un paso por la formación profesional en distintas instituciones. La autoridad de aplicación, tal como contempla el proyecto, tiene la responsabilidad de extender el certificado habilitante. Acá lo que buscamos es por un lado dar un reconocimiento formal sobre prácticas y tareas que esas personas ya conocen y saben pero no tienen cómo certificar y, al mismo tiempo, generar un espacio que pueda otorgar otros conocimientos”, dijo Macha al explicar el tema.