Con el envío de dos proyectos de ley complementarios que a partir de ahora deberá tratar el Congreso Nacional, ayer el presidente Alberto Fernández dio impulso oficial a la posibilidad de legalizar el aborto, y simultáneamente asegurar la cobertura de salud y nutricional a mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad social, hasta los dos años de vida del recién nacido, por lo cual se lo llama “plan de los 1.000 días”.

La primera de las propuestas se denomina oficialmente “ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención post-aborto”, mientras que la otra tiene como nombre “ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”. Ambas serán tratadas en primer término por la Cámara de Diputados.

El aborto, según el texto que se propone para ser convertido en ley, se despenaliza y legaliza para las primeras 14 semanas de gestación. Y más allá de ese plazo, como dispone el Código Penal desde 1921 en lo que hoy se llama “interrupción legal del embarazo”, cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer, y también en caso de que la gestante haya sido víctima de violación. 

Una cláusula especialmente relevante del proyecto establece que las obras sociales y empresas de medicina prepaga, además de hospitales, deben garantizar la prestación de manera gratuita. 

Por otro lado, el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Al mismo tiempo, deberá derivar “de buena fe” a la paciente para que otros profesionales la atiendan sin dilaciones, y adoptar todas las medidas necesarias para el acceso a la práctica.

En cuanto al “plan de los 1.000 días”, apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y  a niños y niñas de hasta 2 años. El diseño de la cobertura de salud y nutricional está basado en un esquema que rige desde 2016 en la provincia de San Juan.

El jefe del Estado hizo el anuncio oficial en un discurso emitido ayer a la tarde. "He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”, dijo en la ocasión.

Explicó que “el primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida", apuntó el presidente.

Las propuestas de ley que ayer el Poder Ejecutivo envió al Congreso, habían sido un compromiso expresado en primer discurso institucional de Fernández la Asamblea Legislativa en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus. A partir de ahora, la Cámara de Diputados se prepara para el debate del tema y la posterior votación.

Los votos que se necesitan

Si bien la legalización del aborto llega como proyecto al Parlamento por novena vez, esta es la primera en que lo promueve oficialmente el gobierno. En la ocasión anterior, cuando en 2018 Diputados aprobó la iniciativa pero después la rechazó el Senado, el texto había surgido de la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones feministas y de los movimientos de mujeres en general.

Las diputadas que se identifican como verdes -el color que utiliza la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito- y como celestes, las ligadas a las organizaciones contrarias al derecho al aborto y autodenominadas "pro vida", ya hicieron las primeras proyecciones sobre cómo sería la votación en la Cámara baja.

La iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador. Pero mientras en el Frente de Todos hay una mayoría de integrantes que respaldan la legalización, en Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) ocurre lo contrario.

Esta vez, a diferencia del 2018, el tema será analizado en las comisiones de Mujeres y Diversidad -creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate-; la de Legislación Penal y la de Salud, todas presididas por legisladores del oficialismo que respaldan el texto: Mónica Macha, Carolina Gaillard y Pablo Yedlin, respectivamente.

Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como “verdes” ya se preparan para el debate. Según un relevamiento realizado por la agencia Télam, hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.

Esos mismos números manejan los legisladores “celestes” y, por eso desde ambos sectores evalúan que resulta central convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al Frente de Todos.

Las características especiales del contexto de la pandemia y la realización de sesiones mixtas, es decir con legisladores presentes y otros conectados a distancia, tiene un especial condimento en esta oportunidad, ya que la conectividad podría eventualmente complicar la sesión.

En caso de que el proyecto consiguiera la aprobación en la Cámara de Diputados, luego pasará a consideración del Senado.